Con frecuencia cada vez mayor, los alumnos, los maestros y las instalaciones educativas son blanco de ataques deliberados. En algunos casos, el temor de ser atacadas cuando van camino de la escuela o al llegar a ella priva a las niñas de su derecho básico de aprender y de prepararse para la vida. En otros sitios, las escuelas son utilizadas como centros de reclutamiento y cursos enteros de niños han sido secuestrados para su utilización como combatientes.
Además de la destrucción de instituciones de enseñanza, ya sea mediante ataques deliberados o como consecuencia indirecta de confrontaciones armadas, las ofensivas contra la educación tienen también otras facetas. Por ejemplo, se ha informado de ataques con ácido y gas contra niñas que se dirigían a la escuela o se encontraban en su interior, así como de disparos y atentados suicidas con bomba en el recinto escolar.
En respuesta a esta crisis de la educación en contextos de conflicto y otras situaciones de emergencia, los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo en los últimos años una campaña concertada a raíz de la cual la Asamblea General aprobó en julio de 2010 la resolución 64/290 sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia. En la resolución se afirma que los ataques dirigidos contra las instituciones de enseñanza constituyen crímenes de guerra y ponen en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el relativo a la «educación para todos».