Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (A/65/820-S/2011/250) publicado el de 23 abril de 2011. Más informaciones disponibles en el informe.

Desde mi último informe anual, el entorno de seguridad resultó alterado por el terremoto del 12 de enero de 2010, que desplazó a más de 1 millón de personas a campamentos precarios y de desplazados internos, y por las dos vueltas de las elecciones presidencial y legislativa celebradas el 28 de noviembre de 2010 y el 20 de marzo de 2011. Se ha comunicado que hay más armas de fuego circulando y se calcula que esas bandas poseen 17.000 de las 205.000 armas ilegales actualmente en circulación. Esta situación supone un mayor riesgo para los niños, a los que se recluta como miembros de las bandas, sobre todo ahora que las estructuras y el entorno de protección sociales —sus escuelas y familias y las iglesias— siguen desintegrados como consecuencia del terremoto. El caos político y la inestable situación en materia de seguridad también han aumentado el riesgo de alianzas oportunistas de elementos armados con agentes políticos o del sector privado con fines políticos o delictivos. Además, la trata de niños sigue siendo un grave problema en Haití. Muchos de esos niños son víctimas de malos tratos, abusos sexuales, trabajo forzoso y explotación delictiva.

Aunque disminuyó el número de raptos de niños antes del terremoto gracias a las detenciones efectuadas por la Policía Nacional de Haití en estrecha cooperación con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) de elementos armados y jefes de bandas que realizaban raptos de niños (89 casos en 2008; 21 casos en 2009), volvió a aumentar levemente en 2010, con 27 niños (entre ellos, 13 niñas) secuestrados para pedir rescate por ellos o por agresiones de elementos armados, predominantemente en Puerto Príncipe. Las niñas raptadas fueron sometidas a abusos sexuales y violaciones durante su cautiverio. Como no todas las familias informan a las autoridades por temor a las posibles repercusiones, el número de raptos puede ser más elevado.

Según cifras oficiales facilitadas por las autoridades nacionales encargadas de hacer observar la ley, 17 niños y cuatro niñas fueron muertos en el curso de enfrentamientos armados entre bandas de Puerto Príncipe en 2010. Solo en la última semana de noviembre y la primera de diciembre, según informes, nueve niños fueron asesinados por bandas armadas en Martissant como consecuencia de los disturbios políticos relacionados con la primera vuelta de las elecciones.

A pesar de que han aumentado las patrullas que efectúa la Policía Nacional de Haití, se sigue informando de violaciones y otros actos de violencia sexual contra niños cometidos por elementos armados, especialmente en los campamentos de desplazados internos a los que los servicios de policía tienen acceso limitado o intermitente. Varios de esos campamentos sirvieron de base para operaciones de presos fugados y bandas. El 60% de los 284 casos de violencia sexual registrados durante el período abarcado por el presente informe por una ONG internacional en Puerto Príncipe fueron cometidos contra menores de 18 años; por su parte, la Policía Nacional de Haití registró 279 casos de violación y violencia sexual contra mujeres y muchachas y niñas y un caso de violación de un niño varón en Puerto Príncipe entre enero y octubre de 2010. Teniendo en cuenta que, al no haber un sistema de registro en funcionamiento en el país, ha sido sumamente difícil recoger datos sobre los casos de violencia sexual en el Haití posterior al terremoto, cuando se redactó el presente informe no se tenía información sobre el número de casos perpetrados contra niños en los campamentos de desplazados internos.

Se ha informado de que elementos armados utilizan a niños de hasta solo 10 años de edad en y en torno a Puerto Príncipe para transportar drogas, advertir a los miembros de las bandas cuando las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones, llevar armas e intervenir en enfrentamientos armados, transmitir mensajes, espiar, recoger rescates de secuestros, provocar incendios o destruir bienes privados y públicos. Según informes, en Martissant unos 30 niños pertenecen a una banda armada.

Los daños materiales causados a las instituciones del estado de derecho por el terremoto han agravado los problemas existentes, entre ellos la falta de suficientes locales de detención y la prolongada detención preventiva de niños. El 88% de los 342 niños que había detenidos en el país en diciembre de 2010, se encontraban en detención preventiva y el 14% eran muchachas. Los niños inculpados y sometidos a proceso judicial carecían de locales de detención apropiados, si bien la Direction de l’administration pénitentiaire ha tomado medidas para solucionar el problema, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo, 2007-2012.