Información basada en el Informe del Secretario General sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados (A/70/836–S/2016/360)) publicado el  20 de abril de 2016.

En las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) se lograron avances sustantivos. En febrero, el grupo anunció que dejaría de reclutar a menores de 17 años y que tenía la intención de separar a los menores de 15 años de sus filas. Por invitación del Gobierno, mi Representante Especial visitó dos veces La Habana a fin de dialogar con las partes en la negociación y los facilitadores sobre la concesión de prioridad a la liberación y la reintegración de todos los miembros de las FARC-EP que fueran menores de edad, y destacó que cualquier medida debería basarse en el principio del interés superior de los menores para proporcionarles protección y una perfecta reintegración, garantizar sus derechos como víctimas y prevenir que vuelvan a ser reclutados por otros agentes armados. A principios de 2016, las FARC-EP anunciaron públicamente que estaban dispuestas a poner fin al reclutamiento de menores de 18 años, y se prosiguió con las discusiones sobre la separación de los niños. El 15 de diciembre se anunció un acuerdo histórico sobre el punto de la agenda de paz relativo a las víctimas, según el cual se preveía la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, que definía a los niños como grupo vulnerable.

La violencia armada entre las FARC-EP y las fuerzas del Gobierno alcanzó su nivel más bajo en 50 años y los desplazamientos disminuyeron como consecuencia del alto el fuego unilateral declarado por las FARC-EP y la suspensión de los bombardeos aéreos del Gobierno. No obstante, las actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN)[1] y los grupos armados posdesmovilización siguieron causando desplazamientos forzados.

Las Naciones Unidas verificaron 289 casos de reclutamiento y utilización de niños por grupos armados, en su mayoría documentados tras la separación de niños que habían estado vinculados a las FARC-EP (182) y al ELN (74). Los demás casos se atribuyeron al Ejército Popular de Liberación (1) y a grupos armados posdesmovilización y a otros grupos armados (32).

Se verificaron la muerte de 12 niños y la mutilación de otros 10, principalmente a causa de minas terrestres, que, al afectar a 31 de los 32 departamentos del país, constituyen una grave preocupación en materia de protección infantil en Colombia. El 7 de marzo, el Gobierno y las FARC-EP anunciaron que llevarían a cabo iniciativas conjuntas de desminado humanitario (comunicado conjunto núm. 52) y las partes comenzaron a trabajar en proyectos piloto.

El equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país tomó nota de que diez niñas habían sido víctimas de violencia sexual cometida por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (8), las FARC-EP y un perpetrador no identificado. En 2015 se denunció otro caso cometido en 2012 por un miembro del ejército colombiano. En el momento de redactarse el presente informe (marzo de 2016), el perpetrador se hallaba detenido a la espera de ser juzgado.

Once escuelas sufrieron daños por fuego cruzado y como consecuencia de la acción de minas terrestres y restos explosivos de guerra. Al menos dos profesores resultaron muertos a manos de grupos armados no identificados y se recibieron denuncias de amenazas contra profesores por las FARC-EP, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Rastrojos. Además, se registró un caso de uso militar de escuelas por las FARC-EP y cuatro casos de uso militar de escuelas por el ejército colombiano en violación de las directrices emitidas por el Ministerio de Defensa.

Acojo con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional de fecha 18 de febrero de 2016, por la cual se declara que los niños reclutados por todos los grupos armados, incluidos los grupos posdesmovilización, son víctimas y tienen derecho a reparación en los términos que se contemplan en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Se trata de un importante paso adelante que pretende garantizar la igualdad de trato entre los niños vinculados a grupos guerrilleros y los niños vinculados a grupos posdesmovilización, de manera que todo niño reclutado sea considerado principalmente como víctima y reciba un adecuado apoyo a la reintegración.

Se ha registrado un progreso histórico en Colombia y aliento al Gobierno a que logre garantías de no repetición y a que preste una atención especial a las necesidades particulares de protección de los niños indígenas, los niños afrodescendientes y los niños que viven en zonas marginadas, con miras a resolver y prevenir las violaciones de los derechos de los niños.

       [1]            El ELN lleva desde 2003 incluido en la lista que figura en el anexo II del presente informe por reclutar o utilizar a niños. En marzo de 2016 se anunció el comienzo de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN.

Partes en Colombia

  1. Ejército de Liberación Nacionala
  2. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Puebloa

 

Partes que reclutan o utilizan a niños.